Pese a los históricos reclamos del sector, la venta comercial ilegal sigue en amplia expansión, y con la llegada del mes de marzo incrementó su presencia quizá como nunca antes.
La falta de operativos y controles por parte de las autoridades municipales, provinciales y nacionales dan vía libre a esta práctica que configura una clara competencia desleal, donde el perjudicado es quien tiene su negocio en regla, cumple con todas las obligaciones y genera los puestos de trabajo tan necesarios en momentos de incertidumbre como el que atravesamos.
Desde nuestra entidad hemos manifestado desde antaño que, en sus diferentes modalidades, la venta ambulante es un duro golpe contra el sector comercial y empresarial, pero a su vez ataca en diferentes direcciones, desde el comerciante que debe cumplir con todas las normas hasta la planificación de las ciudades. También, pone a la población en riesgo, ofreciendo productos de dudosa procedencia ya que vemos a diario que es común, por ejemplo, la venta de alimentos o productos de limpieza, sin ningún tipo de control. A la prohibición por ordenanza de la venta callejera, en el caso de los alimentos también se suma la cuestión sanitaria, donde la población se encuentra expuesta a distintas enfermedades, si no se revisa la procedencia de los productos. Ello hoy se agrava por el hecho de que la ilegalidad tampoco respeta los protocolos sanitarios preventivos por la pandemia COVID-19, atentando contra toda campaña para el cuidado de la salud pública.
El comercio debidamente constituido, que hoy se encuentra al límite, y para muchos con la eventualidad del cierre como una posibilidad cada vez cercana, ven recaer sobre ellos todos los exhaustivos controles que no se aplican para aquellos que se benefician desde la ilegalidad. Se evidencia así un injusto desequilibrio que perjudica directamente a los comerciantes debidamente constituidos, quienes pagan alquileres, impuestos, tasas, salarios, cargas sociales y además, ante la pandemia, han debido planificar protocolos y modificar sus condiciones de trabajo para sostener sus negocios en base al compromiso para estar en regla y cumplir con cada uno de los requerimientos que se exigen para mantenerse al día. Muchísimos de ellos, encima deben soportar en las puertas de sus locales la instalación de estos puestos de venta sin previsión, cuidado y respeto alguno.
Es sabido que la venta ilegal callejera transgrede diferentes normas, entre ellas la Ordenanza Nº 8209/1993, mediante la cual se prohíbe desde 1994 en el partido de La Plata, la venta en la vía pública; el Código Contravencional también sanciona con multas y arrestos a quienes realizan ventas ambulantes; las leyes de marcas, patentes y propiedad intelectual, y ni hablar de las leyes impositivas-tributarias, sean nacionales, provinciales o municipales; todas ellas resultan ser letra muerta para esta modalidad que se desarrolla por completo fuera de los márgenes normativos.
Por ello, teniendo en cuenta que nuestra ciudad es una de las más azotadas del país por esta práctica, creemos que se hace necesario hoy redoblar el reclamo, para que a todos nos alcancen las mismas reglas de juego, ya que esta situación no hace otra cosa que seguir golpeando al comercio legal, motor central de la economía, generador de puestos de trabajos y dinamizador de la vida de la ciudad.
Estamos convencidos que esta problemática debe enfrentarse a partir de miradas complementarias entre los distintos actores involucrados en el desarrollo comercial, para definir estrategias superadoras que sinteticen el bienestar general. En ese sentido, y en apoyo a la iniciativa propiciada recientemente desde CAME, hemos remitido una nueva solicitud al intendente de La Plata, para que intervenga poniendo en práctica todas las medidas a su alcance para combatir la actividad comercial ilegal en la ciudad, poniéndonos a disposición para diseñar conjuntamente las estrategias alternativas que provean soluciones sostenibles y esencialmente justas para todos los actores involucrados.