Mientras el último indicador disponible refleja que en junio la utilización de la capacidad instalada industrial fue del 53,3%, con una sensible caída interanual cuando se ubicaba en 59,1%, y el índice que monitorea la producción manufacturera muestra en ese lapso una baja del 6,6% con respecto a igual mes de 2019, el acumulado enero-junio de 2020 presenta un retroceso del 14,6% con referencia a igual período del año anterior. Datos duros del INDEC que exhiben, sin equívoco, el estancamiento de la economía, profundizado ahora hasta límites impensados por el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) -el 20 se septiembre cumplirá 6 meses- que se diagnosticó para resguardar la salud de la población y superar la pandemia sin consecuencias mayores.
Sin embargo, las graves consecuencias de todo esto recayeron sobre la producción, el comercio, la industria y los servicios, con Pymes que cerraron definitivamente sus puertas y centenares de miles de trabajadores que perdieron sus empleos, en un escenario ya complejo antes de la paralización casi total de la economía por la pandemia, que midió una tasa de desempleo del 10,4% de la Población Económicamente Activa (PEA) -la más alta para el primer trimestre desde 2006-, que se traduce en más de 2 millones de personas desocupadas en todo el país.
En ese contexto, los empresarios platenses, nucleados en la Cámara que los representa desde principios del siglo pasado, transitan hoy el Día de la Industria, una fecha que se estableció en 1941, pero que en rigor recuerda que un 2 de septiembre de 1857 zarpaba del fondeadero del Riachuelo – que hacía las veces de puerto de Buenos Aires- la carabela San Antonio con rumbo al Brasil, llevando en sus bodegas la primera exportación argentina.
Hoy, desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata, “sin desmerecer el impacto del COVID-19 y poniendo por encima de todo la salud y la vida, consideramos que es tiempo de cambiar el rumbo”, destacó su presidente, Juan Carlos Piancazzo, y recordó que “para encontrar indicadores de crecimiento en la actividad fabril hay que remontarse a 2011”.
En ese sentido, la entidad local adhirió a los lineamientos del trabajo que elaboró la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y presentó a las autoridades nacionales con el propósito de “construir un consenso mayoritario respecto a la necesidad de un cambio integral de paradigmas, en el marco institucional de una Constitución sabia”.
“El mismo debería reunir al gobierno, a las fuerzas políticas, a los sectores del trabajo y a los empresarios, para que establezcan políticas de Estado tendientes al logro de un nuevo funcionamiento social”, amplió el dirigente industrial que conduce los destinos de la Cámara local, que puso especial énfasis en “la preservación de los puestos de trabajo que quedaron en pie”.
El documento de la CAC apunta a la “disminución de la pobreza mediante la conversión de los subsidios y planes, en trabajo digno”, y entiende que “el modelo tiene que preservar a las personas del vasallaje de la administración de los programas y la eliminación de los habituales mecanismos de utilización política”.
En materia macroeconómica, marca la necesidad de “desterrar la inestabilidad en el funcionamiento de la economía, que se ha convertido en regla”, y reclama corregir los “modelos aplicados que han dado pésimos y continuos problemas en una pendiente decadente”.
Al analizar el rol del Estado en la economía, postula “recuperar el equilibrio en la relación entre los sectores público y privado, desbordada por las pesadas cargas que el primero genera sobre el segundo, ya sea por la presión tributaria, el costo inflacionario de la emisión monetaria, el traslado del financiamiento al sector oficial, la carga de la deuda pública y los costos de los constantes cambios macroeconómicos, no siempre programados”. Y en ese sentido, establece la prioridad de “procurar el equilibrio presupuestario con límites acotados”.
Promueve la “reducción del gasto” vía “la conversión del subsidio en trabajo; la mejora de la eficiencia del sector público, y la sustentabilidad del sector previsional”, al tiempo que considera “clave la disminución de la incidencia relativa del gasto público en términos del PBI, para evitar la caída de la productividad de la economía nacional e incrementar la riqueza a distribuir”.
La propuesta elaborada por la CAC también pone en la mira la “estabilidad en las principales variables, tales como inflación, tasa de interés y tipo de cambio”. Reclama aplicar programas de largo plazo para alcanzar estabilidad monetaria y un fortalecimiento del sistema de precios relativos.
Estima que esas medidas “permitirán mejorar la capacidad de consumo, fortalecer el ahorro, el crecimiento del financiamiento y la inversión”.
La iniciativa prevé en materia impositiva un “doble ajuste” que pasa por “reducir la presión y simplificar los procedimientos”. El sistema “tiene un exceso de carga, superposición con los tributos sub nacionales, complejidad, inestabilidad reglamentaria y un notorio avance sobre los derechos de los contribuyentes”, y subraya una “carencia de apoyos a las pymes”.
Otro capítulo abordado por el documento de la CAC, ya en manos del gobierno nacional, pone en jaque a la legislación laboral vigente. Reclama una normativa “moderna y actualizada”.
“El mercado laboral argentino registra problemas de vieja data como la informalidad y la desocupación y enfrenta nuevos desafíos derivados del cambio tecnológico. El desempleo abierto antes de la pandemia superaba el 10%; los sub ocupados eran casi el 12%; y los ocupados que pretendían laborar más de 35 horas semanales significaban el 12,8% de la PEA, lo que suma casi un 35% de personas que ejercen presión sobre el mercado del trabajo”, analiza el documento, que pone el acento en dos datos inquietantes: “Más de un tercio de los trabajadores permanecían en el mercado informal; mientras el empleo público creció 70% entre 2001 y 2014”.
“Resulta claro que tenemos un enorme problema laboral que resolver, el que se agravará significativamente con la pandemia”, concluye el trabajo al que adhirió la Cámara platense.